Bruselas intensifica la pesquisa a la red social X ante inquietudes sobre su moderación de contenidos

Bruselas ha ampliado la investigación que ya tenía en curso sobre X (anteriormente Twitter), en medio del desafío planteado por el multimillonario tecnológico y activista de extrema derecha Elon Musk, propietario de la plataforma. La Comisión Europea ha extendido este escrutinio para evaluar si la red social X, cuyo propietario es un estrecho aliado del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está tomando las medidas adecuadas para moderar los contenidos que publica. Esta acción se produce tras las reacciones de varios gobiernos europeos y grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, que han expresado su descontento ante Musk, acusándolo de interferir en las elecciones alemanas debido a su respaldo al partido extremista Alternativa para Alemania (AfD). Además, existe la inquietud de que su comportamiento haya incentivado actitudes desafiantes por parte de otros gigantes tecnológicos como Meta.

El paso que da la Comisión este viernes consiste, concretamente, en agrandar en tres frentes el expediente que ya tiene abierto sobre X desde diciembre de 2023. El primero consiste en exigirle que antes del 15 de febrero le envíe documentación sobre el sistema de recomendación de contenidos a sus usuarios y los cambios recientes que haya podido añadir en ese mecanismo. El segundo pasa por una orden de conservación de los documentos internos e información sobre cambios en los algoritmos que emplee entre el 17 de enero -es decir, este viernes- y el 31 de diciembre de 2025. El último persigue conocer e investigar cómo funciona la moderación de contenidos y la viralidad de sus cuentas.

La medida adoptada este viernes por el departamento que dirige la vicepresidenta de la Comisión Henna Virkkunen probablemente dilatará la resolución de la investigación ya abierta. Ese expediente se encontraba ya en la fase última, pues Bruselas había presentado unas conclusiones preliminares en las que acusaba a la empresa de incumplir el reglamento europeo de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por “cómo la plataforma maneja los riesgos para el discurso cívico y los procesos electorales”. La compañía estadounidense había presentado sus alegaciones e, incluso, las había defendido este verano delante de las instructores de la investigación.